En Ecuador la sostenibilidad no tiene un solo motor. La empresa privada, las redes que la acompañan, la academia, las fundaciones y cooperativas y los gobiernos locales avanzaron antes que la política pública nacional, que llegó tarde. El país avanzó lento, pero seguro: hoy hay normas, incentivos tributarios, memorias con estándares internacionales, Empresas B, posgrados, congresos y un mercado laboral que empieza a pedir estos perfiles.
Esta es la primera entrega de una serie de tres. La Parte I analiza el estado de la sostenibilidad en el Ecuador y en el mundo; la Parte II, las organizaciones que la rentabilizan; y la Parte III, el reporte, el financiamiento y el marco normativo.
Marco de análisis
Entiendo la sostenibilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. En la práctica, es un sistema que integra lo económico, lo social y lo ambiental, con la gobernanza como columna. Se canaliza mediante la planificación estratégica, se gestiona como riesgos y oportunidades y, para que perdure, tiene que sostenerse económicamente. Cinco ideas ordenan el análisis:
- Es el todo, no una de sus partes. La gestión ambiental, el cumplimiento normativo, la RSE y la filantropía son herramientas, no la sostenibilidad. Una decisión en un pilar se mide por su efecto en los otros dos.
- Empieza por dentro. Se nota primero en cómo una organización gestiona sus recursos, a su personal y su gobierno: eficiencia de agua y energía, condiciones de trabajo, ética y control.
- Se canaliza por la planificación estratégica. Cada pilar se traduce en objetivos, metas, indicadores, responsables y presupuesto. Lo que no entra en el plan ni en el presupuesto queda en buena intención.
- Se gestiona como riesgo y oportunidad. La doble materialidad conecta lo que la organización provoca en su entorno con lo que el entorno le provoca a su dinero.
- Tiene que sostenerse económicamente. En lo privado significa rentabilidad; en lo público, financiamiento estable y un retorno social o fiscal medible.
Agrego dos matices. La rentabilidad es condición necesaria pero no suficiente: un negocio rentable que agota un recurso crítico no es sostenible. Y en lo público, un servicio de salud o de inclusión puede no cobrar y ser sostenible si tiene una fuente estable y demuestra el costo que evita.
Qué se ha venido haciendo en Ecuador
La sostenibilidad en el país avanza por varios actores a la vez, con ritmos y lógicas distintas.
El sector privado llegó antes que la política pública. Ceres, la red empresarial de responsabilidad social y sostenibilidad más antigua del país, funciona desde 2002 y reúne a más de 120 organizaciones. Varias empresas grandes publican memorias de sostenibilidad desde hace una década, y las Empresas B ecuatorianas pioneras se certificaron en 2016. Todo eso ocurrió antes de la ley de economía circular (2021), de su reglamento (2023) y de la estrategia nacional (2024).
El Estado central construyó el andamiaje, pero tarde y todavía sin operarlo. El país tiene una base constitucional avanzada, con derechos de la naturaleza, y sumó una ley y un reglamento de economía circular inclusiva y una estrategia nacional con horizonte 2025–2035. La propia estrategia reconoce que las instituciones no tienen capacidad suficiente para aplicarla.
Los gobiernos locales son el actor público más visible. Donde más se ha hecho es en agua, saneamiento y residuos. Las iniciativas que sobreviven a los cambios de gobierno comparten una fórmula: una ordenanza que da base legal, una fuente propia de ingresos y un fondo o fideicomiso que protege el dinero.
La empresa grande ya no solo cumple: empieza a medir. Revisé 27 memorias e informes de 2025 de organizaciones que operan en el país. Casi todas reportan con estándares GRI y, en 2024 y 2025, al menos 14 declararon un análisis de doble materialidad. Todo esto ocurre sin una obligación general de reporte.
Hay gestión sostenible que no se publica. En Cuenca hay empresas que certificaron su gestión de energía o su gestión ambiental y reconvirtieron procesos, sin difundir una memoria. No reportar no es lo mismo que no gestionar, aunque sin reporte la empresa no puede probar su desempeño ante un banco o un cliente.
Un ecosistema de soluciones convierte la obligación en negocio. Creció una oferta de consultoras, gestores ambientales y emprendimientos de base tecnológica: plataformas que calculan la huella de carbono con inteligencia artificial y proyectos que automatizan el monitoreo de biodiversidad. Los emprendimientos socioambientales son muchos, pero pocos se pagan solos.
La academia y el mercado laboral acompañan. Hay una ola de maestrías y programas en sostenibilidad, las universidades gestionan su propia huella, y las empresas abren cargos, comités y reportes donde hace pocos años casi no existían. Fundaciones y cooperativas también rinden cuentas de su impacto, y la banca colocó más de USD 4.600 millones en crédito verde desde 2021.
Qué se está haciendo fuera del Ecuador
Afuera, la sostenibilidad dejó de ser un tema de reputación y pasó a ser información financiera obligatoria y condición para vender.
- Del reporte voluntario al obligatorio, y luego a una poda. Europa impuso el reporte con doble materialidad y en 2026 lo concentró en las empresas más grandes, que luego trasladan la exigencia a sus proveedores.
- Un estándar global de mirada financiera. Las normas NIIF S1 y S2 piden informar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad que afectan el valor de la empresa; Chile y México empezaron a exigirlas en 2026.
- Reglas comerciales que se aplican fuera de las fronteras. El reglamento europeo contra la deforestación exige demostrar, con geolocalización de cada parcela, que el cacao, el café y otros productos no vienen de tierras deforestadas.
- Certificaciones más exigentes y normas técnicas para medir la circularidad, como la familia ISO 59000, que el INEN ya trabaja en adoptar.
El diagnóstico global no mejora: la porción de materiales secundarios en la economía mundial bajó de 7,2 % a 6,9 %. En la región avanza quien pone precio, es decir, quien convierte la obligación en pago.
Cómo funcionan los modelos sostenibles: privado frente a público
En ambos sectores, un impacto se vuelve sostenible cuando se convierte en un costo que alguien quiere evitar o en un valor que alguien quiere comprar, y cuando ese flujo de dinero queda protegido. Lo que cambia es quién paga, cómo se protege el flujo y qué se considera éxito.
En lo privado, la pregunta es quién paga y si queda margen. En lo público, quién financia de forma estable, qué costo se evita y qué valor recibe el territorio. Cada sector sube por su propia escalera, de lo que depende de terceros a lo que se financia solo, y los modelos más sólidos de ambos lados son híbridos: el Estado pone la obligación o el pago estable, y el privado, la academia o la economía popular y solidaria ponen la eficiencia y la innovación.
Para cada problema u oportunidad aplico siete preguntas: qué problema hay y a quién le cuesta dinero; quién paga y por qué; si el pagador es privado, público o ambos; con qué instrumento se protege el flujo; quién opera mejor; cuál es la unidad de impacto que se mide y se verifica; y qué parte depende de la coordinación entre lo nacional y lo local.
Incentivos tributarios vigentes vinculados a la sostenibilidad
El Estado ya paga una parte de la transición a través del impuesto a la renta, el IVA y el ICE, aunque pocos contribuyentes lo aprovechan. Identifico siete beneficios vigentes a octubre de 2026, según la normativa tributaria vigente:
- Deducción adicional por inversión ambiental en tecnologías más limpias, energía renovable o reducción de emisiones, con autorización previa de la autoridad ambiental.
- Deducción adicional por aportes a programas y proyectos ambientales.
- Deducción adicional por nuevas plazas de trabajo para mujeres.
- Deducción adicional por empleo joven.
- Deducción adicional por inclusión de personas con discapacidad.
- IVA 0 % en energía limpia y plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Beneficios para la movilidad eléctrica e híbrida.
Mi lectura crítica: estos incentivos premian justo lo que el marco de sostenibilidad pide, pero se usan poco. El trámite es exigente, los plazos son estrictos y, sobre todo, la empresa no los incorpora cuando decide la inversión, sino cuando ya está declarando. Un incentivo que no entra en el flujo de caja proyectado no cambia ninguna decisión.
Problemas que detecto
Estos problemas hay que leerlos en perspectiva: que en pocos años hayan aparecido normas, incentivos, memorias, Empresas B, sociedades BIC, posgrados y empleos especializados es un logro. Lo que sigue señala lo que falta para consolidarlo.
- Brecha entre la norma y su aplicación: sin control no hay obligación real, y sin obligación no hay quien pague.
- Confusión de conceptos: se equipara la sostenibilidad con la gestión ambiental o la filantropía, y la economía circular se reduce a reciclar.
- Visibilidad no es desempeño: los rankings y premios destacan a quienes comunican, no a quienes gestionan mejor.
- Reporte que crece sin verificación externa independiente.
- Iniciativas que no se sostienen solas y dependen de premios, cooperación o del presupuesto de cada año.
- Medición débil y riesgo de greenwashing: se miden actividades en lugar de resultados.
- Inclusión frágil de los recicladores, que sostienen el reciclaje del país desde la informalidad.
- Incentivos y financiamiento que no llegan a la pyme.
- Exposición externa sin preparación, en especial de los pequeños productores.
- Un entorno que encarece todo: inseguridad, crisis eléctrica y desconexión entre la planificación nacional y la local.
Oportunidades
Cada problema anterior es, para quien asesora, un servicio que hoy casi nadie ofrece de forma integrada: convertir obligaciones en estrategia, planificar los incentivos tributarios junto con la inversión, preparar a exportadores y proveedores para las exigencias externas, pasar del reporte a la doble materialidad verificable, acompañar a las Empresas B en sus nuevos estándares, medir a la medida de la pyme, diseñar modelos que se paguen solos, volver bancables los proyectos, llevar la sostenibilidad al directorio y articular con la academia la adopción de las normas ISO 59000.
Conclusiones
La sostenibilidad en el Ecuador tiene varios motores y avanza lento, pero de forma sostenida. El Estado ya ofrece incentivos reales; el reto es usarlos a tiempo y planificarlos con la inversión. Lo que falta es consolidar: pagadores estables, datos verificables y reglas que se hagan cumplir convertirían este avance en un mercado maduro. La presión externa ya está aquí, y quien se prepare primero tendrá la ventaja.
El documento completo, con cuadros, cifras y referencias, está disponible en PDF.